Hace meses leí en el periódico El mundo, un artículo del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquin Leguina.

El artículo, fechado en julio de 2015 y titulado “¿Hay un 22% de españoles pobres?”, advertía sobre cómo las organizaciones que tienen como fin paliar las necesidades de personas menos favorecidas, tienden a enfatizar los datos de pobreza en España; pero destacando que el verdadero problema no estaba en el supuesto engaño, tendente a exagerar la cuestión, sino en la actitud no crítica de los medios de comunicación a la hora de cuestionarlos. Y, como colofón, sacaba una conclusión que me hacia reflexionar: “En España, está muy mal visto que alguien ponga en duda los datos de pobreza o de paro. Y si alguien se atreve a romper ese tabú, lo más probable es que sea tachado de derechista o desalmado”. 

Continuaba el autor preguntándose: ¿Cuál es el umbral de la pobreza?

Lo que se le olvidaba citar al medio de comunicación, no sé si intencionadamente o no,  era la nota al pie de página que daba el INE, y este hablaba de que ese umbral no era un indicador de pobreza sino que indicaba la buena o mala distribución de la renta. Dos conceptos diferentes. Os animo a leerlo; seguro que os vais a quedar sorprendidos.

Está forma de tratar los indicadores de pobreza me ha hecho reflexionar sobre los continuos ataques a la reforma de la Administración Local llevada a cabo hace dos años por el gobierno de Mariano Rajoy. Y que se concreta con la entrada en vigor de la Ley 27/2013.

Creo que no se debe jugar con los datos ni infundir temores acerca del aumento de pobreza en España con fines electoralistas. Es cierto que las elecciones están encima y los candidatos se ponen nerviosos. Empezaré por el principio…

España no tenía nada que ver con lo dejado en la última etapa de gobierno popular. De ahí que, una vez topados con la realidad del déficit, se hizo necesario adoptar medidas sensatas, responsables y austeras; pero sin descuidar las obligaciones. Y eso no ha debido de sentar muy bien.

Ahora se nos tacha, entre otras cosas, de que adoptamos la reforma de la Administración Local publicando una Ley que tiene una visión exclusivamente “economicista”, que pone en jaque el municipalismo y el modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país, que además priva a las Entidades Locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como de competencias en sanidad, consumo, igualdad y políticas activas de empleo; atacando además a la raíz misma del gobierno municipal.

Pero el tiempo, que da y quita razones y pone a cada uno en su sitio, va y nos demuestra todo lo contrario.

Yo puedo entender el celo de algunos alcaldes cuando se les priva de herramientas para el lucimiento personal; pero a esas personas habría que recordarles que, además de buscar el bienestar de los ciudadanos, hay que acompañarlo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya que es la única manera de garantizarlo. Se les olvida lo de garantizar.

Parece que algunos tienen marcado a fuego la frase de Don Jacinto Benavente: “Se hará lo que se deba, aunque se deba lo que se haga”. Y yo me pregunto, ¿Aciertan siempre los gobernantes definiendo lo que realmente se va a deber?. Está claro que no. Y cuando eso pasa, ¿Quién paga?. Al final pagan los Contribuyentes, que son los que están sujetos a los impuestos. De ahí la importancia de hacer un buen uso de los recursos.

Tengo el convencimiento, de que se ha despilfarrado, sin mirar que hay un mañana.

Esta reforma, dicen algunas voces, pone en jaque el municipalismo. Personalmente creo que poner en jaque el municipalismo seria aumentar la cifra de déficit que en 2011 era de un 0,40%.

Otras voces afirman que ponen en riesgo el modelo que ha garantizado la “cohesión social” y hay que hablar con propiedad. La cohesión social nace del consenso, y del consenso nace la Constitución; y la carta Magna en su Art. 135, modificado por exigencias europeas, nos marca como objetivo la estabilidad presupuestaria. Y la Ley 27/2013 viene a desarrollar dicho artículo.

Discutir quién es competente para prestar el servicio al ciudadano, demuestra interés por el ciudadano, pero criticar soluciones basadas en la racionalidad y profesionalización de las estructuras organizativas de los Ayuntamientos, Diputaciones y demás entes locales… es como poco temerario y contrario a dar un mejor servicio al ciudadano.

Así que adoptar medidas como:

• Promover la medición, contrastación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades, “una administración una competencia”.
• Instaurar un modelo que premia la mejor gestión en el servicio al ciudadano.
• Asegurar durante 5 años una financiación estable para los municipios.
• Exigir una mayor transparencia y una gestión basada en resultados.
• Regular, controlar y evaluar el sector público empresarial.
• Fijar un límite máximo total por todos los conceptos retributivos a los empleados público.

Dan como resultado que:

• No ha desaparecido ningún Ayuntamiento
• El 97% de las Entidades Locales presentan superávit.
• La Administración Local ha pasado de un déficit del 0,40% en 2011 a un superávit del 0,53%, en 2014. Un superávit del 0,53% supone 5000 millones de Euros.
• Anterior a la reforma, las Entidades Locales no pagaban y acumulaban facturas de los últimos diez años. Y con estas medidas incluida la  creación de un Plan de Pago a Proveedores, ha servido para que 123.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos cobren 2 millones de facturas por un valor de 11.500 millones de euros.
• El periodo medio de pago a proveedores de los Ayuntamientos es de 19 días.
• Creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), casi 700 millones de euros, para que 8 Comunidades Autónomas paguen deudas que tienen con las Entidades Locales correspondientes a gasto social, gasto de educación, sanidad y servicios sociales.
• Y destacar el caso de Andalucía: en concreto, esta comunidad ha pedido al Fondo de Liquidez Autonómica,(FLA) la friolera de 82 millones de euros, para pagar a los Ayuntamientos por Gasto Social.
• Más de 30.341 millones de ahorro con la reforma.
• EPA cuarto trimestre de 2013, es decir, diciembre 2013: empleos en la Administración Local 608.000.
• EPA primer trimestre 2015, es decir, marzo 2015: empleos en la Administración Local 618.000.

Quedaron atrás los brindis al sol, con el ánimo de ganar votos (las medallas para los que se las merezcan. Y gracias a esta Ley,  la sensatez y el bienestar de los ciudadanos, desde la austeridad, han venido para quedarse.

Gastar más de lo que se ingresa, no es una apuesta de futuro ni de bienestar.